Union City, Nueva Jersey, tiene una historia marcada por la turbulencia política, la corrupción y figuras influyentes cuyas acciones han dejado huellas duraderas en la comunidad. Desde la llegada de exiliados cubanos a mediados del siglo XX hasta recientes acusaciones de corrupción contra funcionarios locales, el relato de la ciudad es un complejo tapiz de ambición, poder y controversia.

El único Departamento de Policía que arrestó a Fidel Castro en la historia

A mediados de la década de 1950, Union City se convirtió en refugio para exiliados cubanos que se oponían al régimen de Batista. Durante ese período, un joven revolucionario llamado Fidel Castro visitó Union City para reunir apoyo y recaudar fondos para su causa. En 1955, tras dar un discurso en un bar nocturno en la calle 26, El Molino Rojo (The Red Mill), se desató una pelea en la que Castro fue detenido en Union City por el entonces jefe de policía Herman Bolte. Este incidente, aunque no ampliamente documentado, subraya las tempranas conexiones de la ciudad con movimientos políticos internacionales.

Influencia de la mafia cubana

Tras la Revolución Cubana y el fallido intento de invasión en Bahía de Cochinos en 1961, Union City recibió a un flujo de exiliados cubanos. Entre ellos estaba José Miguel Battle Sr., ex policía habanero y veterano de Bahía de Cochinos. Battle fundó “The Corporation”, también conocida como la mafia cubana, que se dedicó a actividades ilícitas como el juego ilegal “bolita”. Para los años 70, las operaciones de The Corporation abarcaban Nueva Jersey, Nueva York y Florida, con ingresos estimados de hasta 45 millones de dólares anuales.

La influencia de Battle permeó el condado de Hudson, fomentando relaciones con políticos locales, incluyendo al alcalde de Union City y senador estatal William Musto, miembros del Departamento de Policía de Union City y familias del crimen organizado.

Corrupción política y prácticas de “paga-para-jugar”

El panorama político de Union City ha estado repetidamente ensombrecido por corrupción y esquemas de “paga-para-jugar”. En los años 60, el Sindicato Teamsters Local 560, con sede en el 707 de Summit Avenue, estaba bajo el control del mafioso Anthony “Tony Pro” Provenzano, caporegime de la familia criminal Genovese. Provenzano estuvo implicado en diversas actividades ilegales, incluida la desaparición del líder sindical Jimmy Hoffa en 1975.

En las décadas de 1970 y 1980, el alcalde William “Bill” Musto fue una figura central en la política de Union City. Musto, quien ejerció como alcalde y senador estatal, fue mentor de futuros líderes políticos como Bob Menendez y Brian P. Stack. A pesar de sus aportes al desarrollo de la ciudad, el mandato de Musto se vio empañado por cargos de corrupción. En 1982 fue condenado por extorsión y fraude federal por aceptar sobornos de contratistas. Demostrando su apoyo popular, Musto fue reelecto incluso después de su condena, declarando famosamente: “Este es mi jurado.” Posteriormente fue homenajeado con un centro cultural que lleva su nombre, lo que subraya su legado complejo.

Bob Menendez: de protegido a convicto

Bob Menendez inició su carrera política bajo el mentorazgo de Bill Musto, primero como miembro de la junta escolar y luego como concejal. Durante el juicio por corrupción de Musto en 1982, Menendez testificó en su contra, vistiendo un chaleco antibalas, posicionándose como reformista y acelerando su carrera política. Posteriormente fue alcalde, legislador estatal y finalmente senador estadounidense.

Sin embargo, la carrera de Menendez estuvo plagada de desafíos legales. En 2015 enfrentó cargos federales por corrupción relacionados con supuestos favores a un oftalmólogo de Florida, aunque evitó la condena tras un juicio nulo en 2017. Sus problemas legales resurgieron, y en 2024 fue condenado por múltiples cargos, incluidos soborno, extorsión y actuar como agente extranjero para Egipto. La investigación reveló que aceptó sobornos sustanciales, incluidos lingotes de oro y efectivo, a cambio de favores políticos. Menendez afirmó que todo era un ataque por parte de sus enemigos políticos.

“Sé dónde están todos los esqueletos en el armario, sé quiénes son todos los jugadores dentro y fuera del gobierno, y los temas más importantes para la gente del condado de Hudson. Al final del día, no necesito la línea del partido para ganar en Hudson.” — Bob Menendez

Aunque casi todos los políticos exigieron su renuncia, hubo uno que guardó silencio: Brian P. Stack. ¿Son esos esqueletos suyos?

En enero de 2025, Menendez fue sentenciado a 11 años de prisión, marcando una dramática caída para el otrora prominente senador. Su hijo Rob Menendez Jr. actualmente sirve como representante congresional del Distrito 8 de Nueva Jersey, continuando los pasos políticos de su padre. La historia, probablemente, seguirá repitiéndose.

Brian Stack: acusaciones de corrupción y manipulación policial

Brian P. Stack, otro protegido de Bill Musto, ha sido una fuerza dominante en la política de Union City, ejerciendo como alcalde desde 2000 y como senador estatal desde 2008. A pesar de su popularidad y reputación de gobernante activo, su administración ha enfrentado numerosas acusaciones de corrupción y prácticas poco éticas.

Críticos, incluido el alcalde de North Bergen Nicholas Sacco, han acusado a Stack de aprovechar la generosa ayuda estatal para financiar una poderosa maquinaria política. Union City recibe cada año fondos estatales significativos, con más de 300 millones de dólares asignados, incluidos aproximadamente 241.8 millones destinados a la educación de unos 11,000 estudiantes. Sacco sostiene que este financiamiento sostiene a cientos de empleados que actúan como operativos políticos, extendiendo su influencia a municipios vecinos.

Otras acusaciones sugieren que Stack ejerce influencia indebida sobre el Departamento de Policía de Union City. Demandas judiciales alegan que los oficiales son presionados para hacer donaciones a la Asociación Cívica Brian P. Stack, al comité de campaña Stack for Senate o a su comité político Union City First, como requisito para obtener ascensos. Una de esas demandas sostiene que el propósito principal de la asociación es “promover, proteger y mantener el poder político del alcalde Stack en el Departamento de Policía de Union City.”

Fondos para jardines de infancia

En marzo de 2007, Stack fue uno de los tres legisladores citados respecto a la entrega de al menos dos subvenciones de $100,000 a Union City Day Care, dirigido por su esposa Katia, parcialmente financiado por el gobierno. La citación se basó en una denuncia del activista republicano Steve Lonegan, quien presentó 36 quejas por conflicto de interés.

Un panel de ética estatal lo exoneró en noviembre de 2009, dictaminando unánimemente que Stack no se benefició de las subvenciones ni existía conflicto de interés.

Uso privado de vehículos municipales

En enero de 2011, Stack fue criticado en el segmento “Shame Shame Shame” de Arnold Díaz para Fox 5 por permitir que su exesposa Katia utilizara vehículos propiedad de la ciudad. Katia, directora del Union City Day Care Program, una entidad privada con presupuesto de $6 millones, recibió un coche del Departamento de Policía, junto con gasolina gratis y seguro. Además, el centro no paga alquiler por el edificio de la ciudad donde funciona.

Stack afirmó que su administración no hizo nada malo y que el alojamiento y vehículo se asignaron antes de que fuera alcalde en 2000, aunque según Díaz, WNYW no recibió documentación solicitada para respaldar esto. Díaz dijo que el auto fue devuelto y que Katia reembolsó a la ciudad por gasolina y seguro.

En febrero de 2013, Díaz volvió a criticarlo por el servicio de transporte gratuito desde Troy Towers a Hoboken Terminal, que comenzó unos meses antes. La furgoneta, normalmente usada para transportar ancianos, recogía residentes tres veces cada mañana laboral, aunque un autobús público pasaba cerca. Exjefe adjunto de policía de Union City, Joseph Blaettler, criticó el servicio señalando que Stack lo usaba para congraciarse con votantes de Troy Towers. Otro crítico, Emilio del Valle, expresó que el servicio público no era necesario.

Stack sostuvo que no intentaba comprar votos sino que el servicio se ofrecía porque eran los mayores contribuyentes. Díaz replicó que ni las declaraciones del conductor ni la vigilancia confirmaron ello, y que el servicio continuó aun después del cierre del terminal por inundación en el huracán Sandy. Díaz incluyó a Stack en el programa Hall of Shame por “abuso de poder.”

ICE

En diciembre de 2016, la ciudad llegó a un acuerdo con el ex agente de ICE Ricky Patel, quien acusó a Stack de usar recursos públicos para hostigarlo. En su demanda de noviembre de 2014, Patel relató que después de una redada del FBI en la agencia de Desarrollo Comunitario de Union City, encontró una nota en su vehículo que indicaba que estaba “bajo investigación,” y que su apartamento era vigilado por una mujer que resultó ser la novia de Stack.

Cuando Patel preguntó a la mujer, ella llamó a Stack, quien llegó y exclamó: “¡Soy el maldito alcalde! ¡Esta es mi ciudad! ¡Al carajo con los federales!” Luego lo escoltaron a la sede policial, donde una teniente expuso que sospechaba que los federales llevaban a cabo una investigación no autorizada contra el alcalde. La aseguradora de la ciudad acordó pagar $100,000, sin admitir ninguna responsabilidad.

Periodista investigador

Edemas, Leonard Filipowski, conocido como “Leroy Truth,” ha sido un crítico vocal de Stack, denunciando corrupción, mala conducta e incluso agresiones físicas por parte del alcalde y otros funcionarios. Filipowski usa redes sociales para difundir sus reclamos, buscando exponer la corrupción sistémica en la administración de la ciudad.

Leroy afirma en múltiples videos que recibe información sobre corrupción en la ciudad de diversas fuentes, incluidos empleados actuales y antiguos, funcionarios electos, residentes y empleados de la Junta de Educación. Leroy tiene audiencias y litigios pendientes en este momento. Mientras que la imagen pública de Brian P. Stack es de servidor público trabajador y dedicado, se puede reconocer que ha perfeccionado cuidadosamente esa imagen como político, mientras mantiene sus verdaderos colores ocultos.

Conclusión

La historia de Union City es un testimonio de los desafíos que enfrentan los centros urbanos para combatir el crimen organizado y la corrupción política. Desde el arresto de Fidel Castro en los años 50 hasta acusaciones contemporáneas contra funcionarios locales, la ciudad ha luchado continuamente con cuestiones de integridad y gobernanza. Si bien críticos como Leonard Filipowski llaman la atención sobre posibles conductas indebidas, la veracidad de tales acusaciones requiere una investigación exhaustiva y sustanciada.

La incautación de los teléfonos celulares personales de dos oficiales de policía de Union City por detectives de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey no es una investigación rutinaria: es un recordatorio escalofriante de cómo el poder político en este estado se utiliza como arma contra la disidencia. El supuesto “delito” de estos oficiales no fue corrupción, mala conducta ni violencia. ¿Su única falta? Haber hablado con un periodista que ha sido un crítico constante de la corrupción en Union City, del senador y alcalde Brian Stack, y del establecimiento demócrata en general.

Esta operación, autorizada y ejecutada bajo la dirección del Fiscal General Matt Platkin, plantea preguntas urgentes sobre la integridad de la oficina de justicia más importante del estado. Cuando el Fiscal General utiliza recursos estatales no para proteger al pueblo, sino para blindar a los políticos poderosos de las críticas, la propia democracia queda en peligro.

Platkin: ¿Guardián de la Justicia o Guardián de la Máquina?

Matt Platkin, nombrado por el gobernador Phil Murphy y confirmado en 2022, fue presentado como un reformista comprometido con la transparencia y la equidad. Sin embargo, su gestión se ha caracterizado por la aplicación selectiva de la ley y un patrón preocupante de proteccionismo político. Desde el principio, Platkin ha sido visto ampliamente no como un vigilante independiente, sino como un leal político: el hombre de Murphy en Trenton, dispuesto a proteger a los aliados y perseguir a los críticos cuando conviene.

Enviar detectives a confiscar teléfonos personales basados únicamente en la acusación de haber hablado con un periodista huele a represalia política, no a justicia. Platkin ha transformado la Oficina del Fiscal General en un escudo político para la estructura de poder demócrata. En lugar de combatir la corrupción, la está permitiendo.

El Factor Brian Stack

El control de Brian Stack sobre la política de Union City y del condado de Hudson es legendario. Su maquinaria política se alimenta de lealtad, miedo y de la confusión deliberada entre autoridad gubernamental y poder partidista. Los oficiales atrapados en este espectáculo son daños colaterales en la interminable campaña de Stack para silenciar a la oposición.

Pero lo más alarmante es lo fácilmente que la oficina de Platkin se ha dejado arrastrar a la guerra política de Stack. Al prestar la credibilidad de la oficina de justicia más importante del estado a una persecución tan dudosa, Platkin ha legitimado la idea de que los enemigos políticos pueden y serán atacados con todo el peso del Estado.

El Mal Uso de los Recursos del Estado

Cada hora de detective empleada en redadas políticas es una hora que no se dedica a combatir el crimen real. Cada dólar del contribuyente utilizado para intimidar a denunciantes es un dólar robado a las comunidades que necesitan calles seguras, mejor seguridad pública y un gobierno honesto. La decisión de Platkin de movilizar recursos estatales para esta cacería de brujas contra dos oficiales locales es un insulto al pueblo de Nueva Jersey.

La Oficina del Fiscal General tiene un poder enorme y un mandato amplio, que incluye supervisar a los fiscales de los condados y a los departamentos de policía en todo el estado. Pero bajo Platkin, esos poderes se están desperdiciando en recados políticos para el establecimiento demócrata.

El Patrón de Justicia Politizada de Platkin

Esto no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia más amplia. Platkin ha caminado constantemente en sincronía con la administración Murphy, defendiendo sus políticas mientras cierra los ojos ante la corrupción en los bastiones demócratas. Los críticos sostienen que ha iniciado investigaciones selectivas para evitar avergonzar a los jefes del partido, mientras amplifica casos que encajan perfectamente con la narrativa de dominación política de los demócratas.

Con estas acciones, Platkin ha reducido la Oficina del Fiscal General a poco más que un brazo del aparato partidista. Sus actos reflejan las mismas tácticas políticas que los demócratas han empleado a nivel nacional contra el presidente Donald J. Trump: usar el lenguaje de la “justicia” mientras despliegan la maquinaria judicial con fines políticos.

Una Democracia Solo de Nombre

Cuando los periodistas, los denunciantes o los oficiales de policía no pueden hablar libremente sin temor a represalias del Estado, la democracia no es más que un disfraz. Lo que está ocurriendo en Union City no es solo un asunto local; es una advertencia para todos los ciudadanos de Nueva Jersey.

El comportamiento de Platkin demuestra que la Oficina del Fiscal General ya no funciona como un guardián independiente del pueblo, sino que se ha convertido en un instrumento político para proteger a insiders como Brian Stack y el gobernador Murphy. Así es como mueren las democracias: no con un colapso dramático, sino con una erosión constante de la confianza, la rendición de cuentas y la libertad, supervisada por líderes como Matt Platkin que confunden su deber hacia el pueblo con su lealtad a la máquina política.

El Camino a Seguir

Los habitantes de Nueva Jersey merecen un Fiscal General que haga cumplir la ley sin temor ni favoritismos, no uno que la utilice como arma política. Merecen líderes que prioricen la justicia, no la autopreservación. Platkin ha demostrado ser incapaz de cumplir con ese estándar.

La redada contra estos oficiales no es solo un ataque contra ellos: es un ataque contra la libertad de expresión, el periodismo y el derecho del público a estar informado. Es la prueba de que la oficina de justicia más alta del estado está comprometida, corrompida por las mismas fuerzas políticas que debería investigar.

Hasta que Matt Platkin no rinda cuentas, la democracia en Nueva Jersey seguirá siendo solo de nombre: su esencia vaciada por una maquinaria política que prospera con la intimidación y el control.

Matt Platkin, appointed by Governor Phil Murphy and confirmed in 2022, was billed as a reformer committed to transparency and fairness. Yet his tenure has been marked by selective enforcement and a troubling pattern of political protectionism. From the start, Platkin has been widely viewed not as an independent watchdog, but as a political loyalist—Murphy’s man in Trenton, willing to safeguard allies and go after critics when convenient.

Sending detectives to confiscate personal phones based on nothing more than an accusation of talking to a journalist reeks of political retaliation, not justice. Platkin has effectively transformed the Attorney General’s Office into a political shield for the entrenched Democratic power structure. Instead of combating corruption, he is enabling it.

The Brian Stack Factor

Brian Stack’s control over Union City and Hudson County politics has long been legendary. His machine thrives on loyalty, fear, and the blurring of lines between government authority and political enforcement. The officers caught up in this latest spectacle are collateral damage in Stack’s endless campaign to silence opposition.

But what is more alarming is how easily Platkin’s office has allowed itself to be co-opted into Stack’s political war. By lending the credibility of the state’s highest law enforcement office to such a dubious pursuit, Platkin has legitimized the notion that political enemies can and will be targeted with the full weight of the state.

Misuse of State Resources

Every detective hour spent executing political raids is an hour not spent combating real crime. Every taxpayer dollar used to intimidate whistleblowers is a dollar stolen from communities that need safer streets, better public safety, and honest government. Platkin’s decision to mobilize state resources for this witch-hunt against two local officers is an insult to the people of New Jersey.

The Attorney General’s Office is entrusted with vast powers and a broad mandate, including overseeing county prosecutors and police departments statewide. But under Platkin, those powers are being squandered on political errands for the Democratic establishment.

Platkin’s Pattern of Politicized Justice

This is not an isolated incident—it fits a broader trend. Platkin has consistently walked in lockstep with the Murphy administration, defending its policies while turning a blind eye to corruption in Democratic strongholds. Critics argue he has selectively pursued investigations to avoid embarrassing party bosses, all while amplifying cases that fit neatly into the Democrats’ narrative of political dominance.

In doing so, Platkin has reduced the Attorney General’s Office to little more than an arm of the party apparatus. His actions echo the same political tactics Democrats have employed nationally against President Donald J. Trump: use the language of “justice” while deploying the machinery of law enforcement for political ends.

A Democracy in Name Only

When journalists, whistleblowers, or police officers cannot speak freely without fear of state reprisal, democracy is nothing more than a disguise. What is happening in Union City is not just a local matter; it is a warning to every citizen in New Jersey.

Platkin’s behavior demonstrates that the Attorney General’s Office is no longer functioning as an independent guardian of the people but has instead become a political instrument to protect insiders like Brian Stack and Governor Murphy. This is how democracies die—not with one dramatic collapse, but with a steady corrosion of trust, accountability, and freedom, overseen by leaders like Matt Platkin who confuse their duty to the people with their loyalty to the machine.

The Path Forward

New Jerseyans deserve an Attorney General who enforces the law without fear or favor, not one who weaponizes it for political purposes. They deserve leaders who prioritize justice, not self-preservation. Platkin has proven himself incapable of meeting that standard.

The raid on these officers is not just an attack on them—it is an attack on free speech, journalism, and the public’s right to know. It is proof that the state’s top law enforcement office is compromised, corrupted by the very political forces it should be investigating.

Until Matt Platkin is held accountable, New Jersey’s democracy will remain democracy in name only—its substance hollowed out by a political machine that thrives on intimidation and control.